Han pasado 51 años desde que, el 26 de junio de 1972, se documentó para la televisión nacional la forma en que “el oro negro llenaba el primer barril de petróleo”. “el oro negro llenaba el primer barril de petróleo”. Ese fue el inicio del denominado ‘boom’ petrolero en el Ecuador, que ahora, en 2023, parece estar llegando a su fin: los pozos antiguos ya no rinden como antaño; y las nuevas reservas no sólo son cada vez más difíciles de encontrar, sino que, si existen, se hallarán en zonas cercanas a las áreas amazónicas protegidas, donde los costos sociales y ambientales de explotarlas serán mayores.
Claro que, quizás de manera sorpresiva, el problema no es solamente de oferta. Según los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a nivel global llegaremos muy pronto al punto más alto de la demanda, el llamado ‘Peak Oil’, sin duda debido a los cambios forzosos en Europa por la guerra en Ucrania.
Por fin, la largamente anhelada transición energética, necesaria debido a la apremiante necesidad de reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2) y evitar un incremento en la temperatura del planeta, ahora está tocando a nuestra puerta. Un cambio climático que, vale mencionar, pondría en riesgo a mucha gente, principalmente a los sectores más empobrecidos y marginados. El dilema para el Ecuador es cómo manejar esa transición energética dentro del territorio nacional, en el contexto mencionado, sin plan de contingencia a la vista.
La situación es delicada, porque al otro lado de la moneda está un país donde la tasa de empleo formal apenas llega a 3 de cada 10 personas en edad laboral; y donde, según el Banco Mundial, el PIB per cápita alcanzó sólo a US$5,590 en 2022. Es decir: los ingresos petroleros forman un porcentaje sustancial del presupuesto. Es obvio, por tanto, que dejar de producir petróleo no es una opción en lo inmediato, pero al mismo tiempo resulta imprescindible diseñar e implementar una política pospetrolera a mediano plazo. La pregunta del millón es si existe la voluntad política para hacerlo.
La Consulta sobre el Parque Yasuní y el petróleo.
La respuesta a la pregunta es no, al menos por ahora. Pero el país hoy se encuentra ante un posible punto de inflexión en su historia de dependencia petrolera, con la consulta popular convocada para el 20 de agosto de 2023. La interrogante actual es la misma que la planteada en el frustrado plebiscito de 2013: si se debe mantener bajo tierra, o no, el crudo del Bloque 43, situado al noreste del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta. Un Yasuní, clasificado como “refugio del pleistoceno” y declarado por la Unesco como Reserva Mundial de la Biósfera, que es también hogar de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario: los Tagaere, Taromenane y Dugakaere.
La consulta es –y siempre fue- concebida como un punto de giro para el futuro pospetrolero del Ecuador. Y se realizará casi 10 años después del primer intento de evitar la explotación de petróleo en el sitio mencionado, que fue desviado de manera claramente ilegítima por la Corte Constitucional de ese entonces. Sólo una campaña sostenida, ante la politizada institucionalidad nacional y en medio de enfrentamientos con varios gobiernos de turno, pudo lograr que la Corte Constitucional actual emitiera, el pasado 9 de mayo, un dictamen favorable para la segunda versión de la consulta.
Pero más allá de que la pregunta sea idéntica, las condiciones políticas y económicas en que se realizará esta vez la consulta son muy distintas de las originales. Los pozos petroleros del bloque están en operación desde el 2016, incluso llegando a metros del área de amortiguamiento de la llamada Zona Intangible del Parque, donde viven los pueblos aislados. Por ende, dejar de extraer el petróleo del Bloque 43 no sólo tendrá sus costos en términos de ingresos perdidos, sino también en lo relacionado con el retiro de la infraestructura; uno de los puntos más álgidos del debate. Pero estos costos son fijos, y tendrán que pagarse ahora o más tarde.
En el Parque Nacional Yasuní, por tanto, hoy se ven con mayor claridad las opciones que tiene el país. Por un lado, la ya tradicional política de vivir del petróleo, que implica participar activamente en la crisis climática global y que, si bien ofrecería la posibilidad de sostener programas de seguridad social para el grueso de la población, no los ha garantizado más que esporádica y coyunturalmente. Por otro lado, tenemos la necesidad de diseñar una política pospetrolera enfocada en buscar formas más sanas de vivir sin el crudo, en la necesidad de preservar la biodiversidad, reducir los impactos del cambio climático – que, cabe destacar, afectarán con mayor fuerza a las franjas más desprotegidas de la población – y en proteger a los Pueblos Indígenas nómadas que viven en aislamiento voluntario.
¿Se puede evitar el exterminio de los ‘pueblos libres’?
La ya mencionada Zona Intangible, ubicada a metros del bloque 43, es un espacio reservado, destinado a la protección y a garantizar las condiciones naturales para la sobrevivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). El modelo de desarrollo extractivo y toda la infraestructura que demanda la obtención del ‘oro negro’, pone en peligro a los pueblos originarios y en aislamiento voluntario. La selva es su casa, desde mucho antes de que llegaran los colonos y sus proyectos extractivos.
Con más consciencia ecológica que en los tiempos actuales, el 26 de julio de 1979 ¬––con un triunvirato militar en el ejercicio del poder del Estado–, se declaró y se delimitaron los territorios del Parque Nacional Yasuní, lo que implica“proteger esta zona ecológica de uno o mas ecosistemas para las generaciones presentes y futuras; excluir la explotación u ocupación no ligadas a la protección del área; y proveer las bases para que los visitantes puedan hacer uso espiritual, científico (del espacio)”, , según señala el Ministerio de Ambiente en su página web.
No obstante, y siempre bajo la incumplida justificación de que “las reservas petroleras de ese territorio nos ayudarán a superar la pobreza”, se han autorizado, declarado de “interés nacional” y operan “por excepción”, los bloques 14, 16, 17, 31 y 43 (desde 2014). Así, la carita del Parque Nacional Yasuní se ha llenado de puntos negros.
“Déjanos vivir como (los) Waorani queremos”, les decía Alicia Cahuiya, de esa nacionalidad, al pleno de legisladores, previo al debate en la Asamblea Nacional cuando, con 108 votos, en la sesión No. 256 de octubre de 2013, se autorizó al gobierno de Rafael Correa la explotación del Yasuní ITT.
“Hay siete empresas en el territorio Waorani, no hay beneficios, hay más pobreza (…) Respete el territorio”, demandaba Cahuiya, frente a la legislatura que cedería otro pedacito más de territorio al extractivismo. Cahuiya les reclamaba que el pueblo Waorani ya no administra sus tierras ancestrales, que estas están en manos de “gente de otro lado” y que los pueblos en aislamiento voluntario como los Taromenane que habitan en la zona intangible, son nómadas, incluso binacionales (Ecuador-Perú). “De mi casa sale el petróleo y nosotros no estamos de acuerdo”, aseveraba Cahuiya, tras denunciar que “La vida de Waorani y la vida de Taromenane está en peligro, tenemos que ser consultados”.
Asímismo, la actividad petrolera, y toda la infraestructura que esto implica, pone en peligro su existencia y su forma de vida. De acuerdo con datos expuestos por colectivo ecologista ‘Yasunidos’ entre 2016 y 2022, se han producido 22 derrames. ¿Cómo creer que estos derrames no enferman a las vidas humanas asentadas y colindantes del Parque Nacional Yasuní? “Se afectará menos del 1% del área total del parque”, aseguraba el expresidente Rafael Correa, como si la extracción petrolera estuviera libre de accidentes y pudiera ser aséptica.
“Estas acciones ‘civilizatorias’ transmiten y dispersan nuevas enfermedades que resultan letales, debido a que los PIACI no han desarrollado defensas inmunológicas para estas amenazas. Estos pueblos están en riesgo debido a la extracción, incendios forestales, deforestación, el avance continuo de obras de infraestructura, y el poco interés de los Estados por protegerlos”, explicó José Proaño, director de programas de América Latina de Land is Life.
A esto se debe sumar que el Estado ecuatoriano ya enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no haber cumplido con las medidas cautelares que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, debido a “proyectos que afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida”, destacó Proaño. “La presión extractiva sobre sus territorios se traslada a la lucha por el territorio entre los Tagaere y los Taromenane por la misma razón, siendo una de las causas de las matanzas en el 2003, 2006 y 2013”, afirmó.
Proaño comenta que los lados norte y occidental de la zona intangible se encuentran rodeados por instalaciones petroleras y carreteras. Hacia el sur, sobre el río Curaray, colindan con otros territorios indígenas donde la conflictividad y amenazas son menores. Hacia el lado oriental del parque, en la zona fronteriza, las actividades ilegales se han intensificado durante los últimos años, al tiempo que se evidencia una enorme movilidad de los PIACI fuera de los límites de la Zona Intangible del Yasuní, que en opinión de Proaño “comprueba su uso del territorio”.
Hay Pueblos Indígenas amazónicos, como el representado por Cahuiya, que han expresado su desconfianza ante las propuestas occidentales. Otros no pueden abogar por sus derechos. “Esta realidad hace que asegurar el respeto a sus derechos cobre una importancia especial. Ante la imposibilidad de defender sus propios derechos, los Estados, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil, y otros actores en la defensa de los derechos humanos son quienes deben asegurar que sus derechos humanos sean respetados.”, especifica la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el documento ‘Recomendaciones para el pleno respeto a los PIACI’, emitido en 2013.
Cuando la desaparición de otras cosmovisiones, culturas y lenguas no nos duele, suele decirse con ligereza que ya es hora de que estos pueblos aislados se integren. Sin embargo, como explica la misma CIDH: “El contacto con extraños y personas no indígenas supone ante todo una afrenta a su cosmovisión, a su manera de entender e interpretar el mundo que los rodea. Cuando se da el contacto, se derrumba de modo irreversible todo un sistema de creencias, tradiciones y supuestos que daban por sentados, y en los que han basado su modo de vida y su cultura por varios cientos de años. Si el contacto se da en un contexto violento, como es frecuente, su mundo entero deja de tener sentido. Como se explica más adelante, (…) esto ocasiona que dichas creencias y tradiciones se pierdan al ya no ser transmitidos a las generaciones más jóvenes, lo que puede implicar la desaparición de toda una cultura humana”.
¿El falso dilema?
Quienes apuestan por continuar con la explotación del Bloque 43, exponen que no se puede poner al país en el “falso dilema” de petróleo o naturaleza, y destacan en cambio las abultadas cifras que se perderán. “Son 1200 millones de dólares al año para el presupuesto nacional”, sostuvo un informe del canal nacional Ecuavisa, previo a un debate por la consulta sobre el Yasuní. Pero esa cifra es una verdad en disputa. Por caso, el economista y excandidato presidencial, Alberto Acosta, Alberto Acosta, afirma que en realidad son 440 millones de dólares anuales, que representan sólo el 1% del Presupuesto General del Estado. No obstante, hay que tomar en cuenta que cuando nos referimos al crudo, los valores son siempre especulativos, porque dependerán del volátil mercado internacional.
Además, el ‘oro negro’ convertido en boya de salvación de la economía nacional, nunca ha resuelto todos los problemas económicos del país, ni siquiera los que su propia extracción suele ocasionar: a mediados de julio de 2023, los sindicatos de choferes de las provincias amazónicas, de donde se extrae el petróleo, paralizaron sus servicios en reclamo por el pésimo estado de las carreteras que conectan a las ciudades Orientales entre ellas y con la Sierra. Actualmente, hay rutas que prefieren no transitar, dadas sus lamentables condiciones.
A quienes creen que todo el país morirá de hambre si se deja de explotar el Yasuní ITT, es importante recordarles que el petróleo de esa zona representa el 0.1% del presupuesto total del Estado. Y, que como se ha mostrado, durante las últimas cinco décadas el país ha perdido más en exenciones tributarias a los grandes grupos económicos, reparaciones de infraestructura dañada u obsoleta y remediaciones ambientales, que lo que podría echarse en falta si se deja de explotar esos recursos.
Mientras tanto, incluso en la derecha más recalcitrante, hay sectores conscientes de que las reservas petroleras van en declive y es preciso buscar alternativas a los combustibles fósiles. Pero su respuesta, cortoplacista, es tipificada por Guillermo Lasso, el actual Presidente del país, que aseveró el 24 de mayo de 2022, que “ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles llegó la hora de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”.
Resulta lícito preguntarse si, ante la cada vez más próxima obsolescencia del mercado petrolero, ¿lo más lógico sería no insistir en el mismo negocio, sino buscar un cambio de matriz productiva, y pronto?
En el panel virtual “Explorando nuevas oportunidades para el desarrollo”, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, Adrián Martínez, de la organización Ruta del Clima en Costa Rica, – país que hace algunos años le apostó al ecoturismo y turismo – explicó algo que puede resultar obvio: “La situación en América Latina es crítica, nos vemos expuestos a un capitalismo que no responde a nuestras necesidades, precisamos de un proceso de transición que sea justo y planificado. Es imperativo que la política de Estado refleje esas necesidades, sobre todo cuando el modelo económico actual no sirve”.
Una victoria del NO tendría consecuencias nefastas
Al final, en un contexto en el que los políticos no planteen una opción clara y consensuada de salida al modelo primario exportador de petróleo, la consulta popular sobre el bloque 43 del Parque Yasuní, ofrece a la población la oportunidad de decir a las autoridades que ya no quiere ‘el camino de siempre’. Lo que hace falta, a pesar de las dificultades implicadas – y del hecho de que una victoria del SI claramente no ‘salvará al Yasuní’ como afirman los más optimistas – es movernos rápidamente hacia un futuro pospetrolero, con justicia social y justicia ecológica. Nada más queda. Una victoria para el NO tendrá consecuencias verdaderamente nefastas, abriendo la puerta a más exploración y extracción en las áreas más sensibles de la Amazonía ecuatoriana.
Fotos: Land is Life