| Después de dos días de reuniones en Lima, Perú, 21 organizaciones de toda la Amazonía y el Gran Chaco han decidido formar un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial. Este anuncio llega tras el lanzamiento del “Informe Regional Sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento“. Territorios y Desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco, el cual es la culminación del trabajo de 11 organizaciones en los últimos dos años. El informe se presentará formalmente hoy en la reunión de la UICN III en el Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe. El informe regional se presentó formalmente durante la reunión de la UICN III en el Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe.
Land is Life fue nombrada para ser la Secretaría del Grupo de Trabajo y se complace en compartir la Declaración de Lima, firmada por 21 organizaciones participantes:
DECLARATORIA DE LIMA
ENCUENTRO REGIONAL SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO:
TERRITORIOS Y DESARROLLO EN LA AMAZONÍA Y EL GRAN CHACO.
Las organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname, suscriptoras de la presente declaratoria, nos hemos reunido en Lima, Perú entre el 10 y el 11 de octubre de 2019, para analizar y discutir la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y conocer los resultados del Informe: “Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco”.
El Informe ha recogido el esfuerzo de más de 11 organizaciones en 8 países de la región donde existen PIACI, arrojando como resultado el registro de 185 poblaciones o grupos indígenas en situación de aislamiento; señalando las presiones y amenazas a las que se encuentran sometidos sus territorios, y estableciendo, de manera pionera, una visión regional de la situación de los PIACI en la Amazonía y el Gran Chaco.
Tras nuestra reunión, las organizaciones, líderes e investigadores emitimos la presente declaratoria en relación a nuestras reflexiones y conclusiones:
1. Observando y respetando integralmente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, nos ratificamos en el principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental de los pueblos indígenas en aislamiento, consagrado en los estándares internacionales del derecho de los pueblos indígenas. Rechazamos las acciones e iniciativas que promueven el contacto forzado con estos pueblos.
2. Nos encontramos sumamente preocupados por las regresiones experimentadas en la región en lo relativo a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En este sentido, pensamos que el caso de Brasil resulta paradigmático y representa el giro más radical en relación a la reorientación de políticas que tienden a generar regresiones con respecto a los marcos internacionales y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas.
3. No obstante, los retrocesos a las políticas de protección de los PIACI no constituyen un hecho aislado en la región, en Bolivia, también se han producido retrocesos normativos y políticas de afectación a los pueblos indígenas y pueblos en aislamiento que han revertido los avances legales, aplicando planes extractivos, megarepresas y expansión de las fronteras agrícolas.
En Perú y Ecuador, donde se habían registrado avances progresivos en las legislaciones, normativas y directrices relacionadas a la protección de los PIACI, se constata que existen una serie de medidas políticas destinadas a esquivar la responsabilidad de protección y garantía de los Estados respecto a la intangibilidad de los territorios.
Entre otras, se pueden mencionar la recategorizaciones de los territorios para debilitar su protección, excepcionalidades hechas a la protección de PIACI en aquellos casos donde existen intereses extractivos, incremento de las áreas concesionadas y cedidas a la explotación, desmantelamiento institucional y reducción de los recursos fiscales destinados a la protección de los PIACI, así como la exclusión de las poblaciones indígenas que comparten territorio con los pueblos en aislamiento en los procesos de toma de decisiones y acciones monitoreo y control social.
4. En Venezuela no existen normas específicas de protección para los PIACI. De allí que consideramos importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente a adoptar las recomendaciones que han hecho las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo en el sentido de estipular un artículo constitucional para la protección de los PIACI.
5. La implementación de megaproyectos, obras de infraestructura, hidroeléctricas, carreteras, concesiones forestales, hidrocarburíferas, y mineras en territorios indígenas – otorgadas con el aval de los gobiernos -generan un incremento de los conflictos sociales, la degradación de los ecosistemas, y las violaciones de los derechos humanos fundamentales para los PIACI. También, se constatan graves ausencias de la protección estatal en territorios de PIACI que han sido ocupados por actividades ilícitas e ilegales, debilitando la capacidad de control y protección de los Estados a los PIACI. La situación actual acarrea un riesgo real de genocidio.
Las conclusiones del Informe Regional al respecto ilustran como estas políticas no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional, sino que reflejan un entramado regional que constituye un “modelo de desarrollo” en la Amazonía y el Chaco que se contrapone y contradice las principales normativas y estándares de protección de los derechos de los PIACI.
6. Adicionalmente, los impactos de este modelo de desarrollo y sus políticas coaligadas producen efectos en diversos ámbitos tales como las amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, el debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios, así como la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y demás salvaguardas dirigidas a garantizar la intangibilidad de los territorios de los PIACI.
7. Este escenario demuestra la ausencia de voluntad política por parte de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección, al tiempo que la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo en la región se consolida.
Los Estados tienden a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento, lo que vulnera el reconocimiento pleno y efectivo de sus derechos, tal como se constata en Perú y otros países de la región.
Mientras el número de registros de PIACI ha crecido entre 2005 y 2019, como consecuencia de avances en los procesos de investigación, el reconocimiento oficial de los pueblos en aislamiento y sus territorios continúa siendo un reto en países como Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela. En el presente Informe Regional hemos recabado información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento. De estos, solo 66 se encuentran confirmados por los gobiernos.
8. Consideramos indispensable señalar que los pueblos indígenas en aislamiento se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. En condiciones de ausencia de presiones y amenazas en sus territorios, estos pueblos podrían desarrollar su vida social y cultural a plenitud.
9. Nos hemos propuesto la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que pueda impulsar la protección de estos pueblos tanto a nivel internacional, regional, nacional y local. Este grupo de trabajo se propone mejorar los procesos de protección local a los pueblos indígenas aislados en su territorio, e incrementar la capacidad de incidencia nacional, regional e internacional respecto a las políticas y directrices de protección de sus derechos.
En este contexto de graves retrocesos, reafirmamos nuestro compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. Llamamos a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos con este mismo objetivo y urgimos a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección necesarias para garantizar estos derechos.
Lima, 11 de Octubre de 2019 |
