En febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares que exigían al gobierno de Paraguay poner fin a la deforestación del territorio ancestral de los Ayoreo-Totobiegosode, ubicado en la zona del Gran Chaco del país. Las medidas también exigían que los Pueblos Indígenas aislados fueran protegidos de contactos no deseados.
Sin embargo, los requerimientos de la CIDH no parecen haber surtido mucho efecto. Los bosques donde viven estos Pueblos Indígenas han sido sometidos a una deforestación extrema que da pocas señales de llegar a su fin. En consecuencia, las comunidades Ayoreo Totobiegosode en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial se encuentran en grave riesgo de desaparición.
Los Ayoreo sí cuentan con título de la mitad de su territorio tradicional, pero un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores oficialistas establecería un “fideicomiso voluntario” para el resto de sus tierras. Sin embargo, los Ayoreo-totobiegosode nunca fueron consultados sobre la legislación, como es su derecho, y han denunciado que representa una amenaza a la existencia de comunidades aisladas, ya que en la práctica el ‘fideicomiso voluntario’ podría llevar a la privatización de las tierras donde estas se ubican.
Para los Ayoreo no sólo había una total falta de acción por parte del Estado paraguayo para devolverles las tierras restantes, sino que ahora está considerando una medida que podría privatizar esas tierras y ponerlos en mayor riesgo de desaparición.
La legislación se debatirá el lunes 4 de marzo cuando el Senado reanude sus sesiones.